Por Guido Gómez Mazara.
Un Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fuera del poder tendrá que enfrentar los anhelos de reestructuración interna, la búsqueda del gran responsable de la derrota, articular una jefatura política que, en el caso de Danilo Medina, no es viable constitucionalmente y evitar a toda costa el desplazamiento de sus bases hacia la franja disidente encabezada por Leonel Fernández Reyna. Ahora bien, presumir que están liquidados no es inteligente ni se corresponde con la objetividad porque una organización con tantos años en el poder posee los recursos y conexiones en la sociedad para luchar en todos los escenarios en la intención de no dejarse liquidar.
Cuando la sociedad asumió como bandera esencial de lucha el combate a la corrupción y someter a la justicia a los responsables por actos indecorosos en materia de desfalco de los fondos públicos, se abrieron las compuertas para que la organización que sale del gobierno conozca la carga de responsabilidad de las futuras autoridades del Ministerio Público, esencialmente en el entendido de que las expectativas incumplidas pueden representar el caldo de cultivo por excelencia de enconos respecto del nuevo gobierno. Así, un PLD cercado moralmente en la sociedad intentará posponer el análisis pertinente de las causas de la derrota y habilitará el expediente de la cohesión frente al ataque procesal que necesita políticamente una respuesta de ellos como clarinada de advertencia para su sobrevivencia.
La victoria no nos puede tomar en el terreno de lo irreflexivo. Por el contrario, tanto dinero en bolsillos de figuras esenciales del partido de gobierno orientan la apuesta de un ambiente de intranquilidad en el barrio y los sectores populares en el convencimiento de que, una economía en recesión y expectativas ciudadanas altísimas, no tendrán la paciencia suficiente de entender la cuota de sacrificio en los próximos meses. De ahí el “incentivo” consignando que el reclamo y urgencias de los sectores históricamente excluidos representan la tabla de salvación ante el acorralamiento previsible.
El cuadro social de una crisis sanitaria que se transformó en económica provoca en los sectores medios y bajos angustias inimaginables debido al impacto en los ámbitos de generación de empleos y políticas llamadas a compensar a los desheredados de siempre. Por eso, el nuevo gobierno tendrá la obligación de ir más allá de preservar las medidas transitorias orientadas al auxilio de los empleados del sector privado que, sus cuotas descontadas en la tesorería de la seguridad social le garantizan ingresos limitados al 30% de sus salarios, empujándolos a la incertidumbre laboral y/o lanzarse a una informalidad caracterizada por bajos salarios y una débil calidad en el empleo.
En el orden práctico, el ejercicio de comunicación y orientación a los ciudadanos respecto de lo recibido en agosto/2020 debe constituirse en un esfuerzo de toma de conciencia en todos los niveles de la pirámide social que, a la menor manifestación de excesos y opulencia de los nuevos funcionarios, tendrá en las cacerolas y las plazoletas, ahora como instrumento defensivo del PLD, el ardid por excelencia para desafiar a la nueva administración.
Nadie lo puede menospreciar: después del 16 de agosto, la maquinaria comunicacional del partido morado no cesa porque poseen los recursos suficientes para defenderse. Aunque dos o tres de esos filibusteros tienen el descaro de esconder en “felicitaciones” a los designados y el “alegato” de discrepancias circunstanciales la sed por no perder contratos e igualas indignas, pero las llamadas bocinas jugarán un papel estelar en el marco de las acciones políticas a ejecutar en su nuevo rol opositor y todo jerarca partidario y ex funcionario pasible de procesos judiciales necesitará de los tribunales mediáticos en capacidad de convencer que los desfalcos constituyen parte de una persecución política. Es ahí que cobra sentido una procuraduría independiente.
Ya está ambientada la trinchera, de paso, bastante predecible.