El Ministerio Público obtuvo tres meses de prisión preventiva en contra de otro hombre que habría intentado llevar 20 personas ilegalmente a Puerto Rico el pasado 5 de julio, sumando 22 las personas a las que le han sido impuestas medidas privativas de libertad en los últimos tres meses por su vinculación a esa actividad delictiva.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Hato Mayor dictó la medida cautelar al imputado Kelvin Henríquez Bonilla, quien fue sometido a la justicia en el transcurso de una investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Hato Mayor conjuntamente con la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la colaboración de la Armada de República Dominicana.
La medida de coerción, que deberá ser cumplida en la cárcel pública de El Seibo, fue impuesta luego que el tribunal evaluara diferentes evidencias documentales, materiales y testimoniales obtenidas por el Ministerio Público en el transcurso de la investigación.
El órgano persecutor de ese delito indicó que le ha otorgado al caso la calificación jurídica de tráfico ilícito de migrantes en el grado de ejecución, que constituye una violación a las disposiciones de los artículos 1 (letras f y h), 2 y 7 (letra c) de la Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en perjuicio del Estado dominicano.
De acuerdo al expediente el imputado Henríquez Bonilla fue arrestado por miembros de la Armada de República Dominicana luego de ser sorprendido en flagrante delito aproximadamente a tres millas náuticas frente a la zona marítima Bahía de San Lorenzo, Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor.
Detalla que el encartado conducía la embarcación clandestina que había salido de la playa de Sabana de la Mar el pasado 4 de abril y que se dirigía hacia la vecina nación violando las leyes migratorias, siendo la misma interceptada por las autoridades nacionales y rescatadas el grupo de personas, quienes por el viaje se comprometieron a pagar sumas de entre US$3 mil y 5 mil dólares.
El Ministerio Público destacó que junto a los demás organismos de inteligencia y seguridad del Estado trabajan en coordinación en el combate de esa actividad ilegal, logrando en los últimos tres meses desmantelar varias redes dedicadas a esa actividad ilegal y el envío a prisión de la mayoría de sus integrantes.