Competencia de atribución de la Jurisdicción Penal Militar vista desde la óptica Constitucional

Por Ariel Cabral

Por Alexis Miguel Arias Pérez

PRENSA NEWS, Santo Domingo. Para hablar de la Competencia de atribución de la Jurisdicción Penal Militar, resulta ineludible, además de conocer los tipos de competencia comunes, es decir, en razón de la materia, del territorio y de la persona, los cuales forman parte intrínseca de la Jurisdicción Penal Militar (Fuero Militar), se hace necesario, tener un dominio pleno o por lo menos, amplio, de las Ciencias Militares, y por tanto, de la legislación especial del Derecho Penal Militar, particularidad la cual hace nacer diversos tipos de competencia de atribución, debido a la univocidad de la materia.

Haciendo una abstracción de los apuntes tomados durante un profundo análisis de los tipos de competencia acaecidas en la legislación penal militar, (Código de Justicia Militar), realizado en el Salón de Conferencias del (INSUDE), por el experto catedrático en Derecho Penal Militar y Derecho Castrense, el Mayor General Luis Antonio Luna Paulino, los conceptos de competencia comunes sostienen una ampliación sustantiva dentro de la legislación especial penal militar, tales como; la competencia en razón de la materia, la cual prevalece por la naturaleza de la acción; la competencia en razón de la persona, se subdivide para los casos en tiempo de Paz y tiempo de guerra o emergencia, quedando esta, supeditada al tipo de persona, sin desmedro de la competencia prebostal; también existe la competencia en virtud del territorio, (soldados en territorio nacional o extranjero); competencia en razón del lugar, que no es lo mismo que la competencia en razón del territorio, puesto que está arraigada a campamento, base militares, naves de guerra, ya sea aérea o marítimas, entre otras; existiendo además, otros tipos de competencia de atribución en materia militar, como lo son, en caso de que soldados nacionales ataquen al Estado, falso delito militar, delito de suplidores, estos últimos, siempre que hayan causado daño a la Fuerzas Armadas.

Oportuno es recordar, que el articulo siete (7) del Código de Justicia Militar, confiere la competencia a los tribunales militares para el juzgamiento de civiles al establecer en su parte in fine: “….En el caso en que a consecuencia del hecho delictuoso las organizaciones de las Fuerzas Armadas hubieran sufrido pérdidas materiales, todas las personas implicadas en dicho hecho serán juzgadas sin distinción ante los tribunales militares”. (Es decir, aquí la competencia es en virtud de la parte afectada).

El reconocimiento del constituyente, y por tanto, la constitucionalización de la Jurisdicción Penal Militar, nace con la Constitución de 1844, al establecer en su artículo 193, lo siguiente: “Art. 193. Los militares serán juzgados por Consejos de guerra, por los delitos que cometan en los casos previstos por el Código Penal Militar, y según las reglas que en él se establezcan…”, jurisdicción constitucionalizada desde entonces, la cual de manera consuetudinaria, ha formado parte de nuestro Estado Constitucional de Derecho.

En el año dos mil cuatro (2004) la jurisdicción penal militar, sostuvo de manera innecesaria, interpretaciones de carácter erróneo, al grado tal, de intentar desconocer la Competencia de Atribución de dicha jurisdicción, la cual viene dada constitucionalmente; esto debido a que con la entrada en vigencia de la Ley 278-04, (Sobre implementación del Código Procesal Penal), hubo una extraña y por tanto errada interpretación del artículo 15.13 de dicho texto, el cual derogó el procedimiento utilizado por el antiguo Código de Procedimiento Criminal, para que en lo adelante, fuese utilizado el procedimiento dado por el Código Procesal Penal, manteniendo intacto el Derecho sustantivo contenido en el Código de Justicia Militar.

La errática interpretación se agudizó en su máxima expresión, con la entrada en vigencia del código procesal penal dado el contenido de los artículos 56 y 57 de dicho texto procesal, los cuales mandan al conocimiento exclusivo y universal de las infracciones penales por los tribunales ordinarios.

La situación se circunscribe en un análisis muy sencillo, ¿Está derogado el Código de Justicia Militar?

Conforme lo expuesto por el artículo 15.13 de la Ley 278-04, Sobre implementación, no existe derogatoria alguna, puesto que esta ley, expresamente señala que deroga el procedimiento.

¿Los artículos 56 y 57 del Código Procesal Penal, derogaron el Código Penal Militar?

Conforme análisis de los indicados artículos, estos solo refieren que el juzgamiento fuere por ante la jurisdicción ordinaria, no la derogatoria de la norma sustantiva contenida en dicho código.

¿Conforme mandato de los artículos 56 y 57 del Código Procesal Penal, el juzgamiento en materia penal contra los miembros de las Fuerzas Armadas ha de ser por ante los tribunales ordinarios?

Realizando un juicio de valor simple, tal vez, alguien no formado en Derecho desprendería tal ideación; ahora bien, resulta que la Constitución vigente para entonces, la de dos mil dos (2002), no fue reformada en ese aspecto, es decir, mantuvo incólume el artículo 55 del texto constitucional de entonces, otorgando la facultad al primer mandatario, de crear y disponer sobre todo lo relativo a la Jurisdicción Penal Militar para el juzgamiento a militares y por tanto, del conocimiento de los tipos penales contenidos en las leyes penales militares.

Conforme lo expuesto en el párrafo anterior se desprende el siguiente análisis, el Código Procesal Penal, (Ley 76-02) ¿conforme nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra por encima del texto Constitucional?

Todo ciudadano común sabe, y sin esfuerzo alguno respondería, ¡que no!

Entonces, no resulta necesario analizar la figura jurídica de la Meta-regla, toda vez, que en aplicación de la (Jerarquía de la norma), la implementación de dichos articulados para los fines de juzgamientos a militares resultarían contrario al texto Constitucional.

Para el año de dos mil diez (2010), el Legislador Constitucional (Constituyente), llevó a cabo la Reforma Constitucional más prolífera si así podemos decir, de las Reformas Constitucionales de nuestra vida Republicana, trayendo consigo, el despeje de toda duda sobre la Constitucionalización de la Jurisdicción Penal Militar, haciendo consignar en su artículo 254, a modo pétreo la competencia de la Jurisdicción Penal Militar para conocer de los asuntos penales contenidos el Código Penal Militar y las demás leyes que conformen la materia, así como para conocer, de todos los asuntos disciplinarios que en dicho Fuero se susciten; esto en virtud, de que los tipos penales ya sea en tiempo de Paz como en tiempo bélico, y de igual forma, los asuntos disciplinarios, solo pueden ser conocidos por jueces y fiscales militares, toda vez, que los tipos penales y faltas disciplinarias acaecidos en dicha jurisdicción, amén de los diferentes tipos de competencia, la ideación de los hechos, el procedimiento de ejecución de la acción, la imputación objetiva y el juzgamiento, son condiciones que se enmarcan dentro del conocimiento de la vida y función militar; es por ello, que el Legislador Penal Ordinario, sabio por naturaleza, plasmó el articulo cinco (5) en el Código Penal Dominicano, preceptuando la imposibilidad de los tribunales ordinarios para juzgar a militares, dada la especialidad de la tipología penal.

Para el año de dos mil trece (2013), el Constituyente, luego de un análisis cosmopolito sobre las jurisdicciones penales militares, haciendo énfasis en el Neoconstitucionalismo, y en atención a los Principios Fundamentales forjados sobre: el debido proceso de ley, el juez natural, el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, la imputación objetiva, la igualdad de las partes, la igualdad ante la ley, la formulación precisa de cargos, el principio de legalidad, la interpretación de la ley, la dignidad de la persona humana, así como un amplio catálogo de garantías enraizadas en la Constitución, cuya inobservancia, trastocan la concepción filosófica del Estado Social, Democrático y de Derecho, creó la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, N0.139-13, conforme el artículo 212 del texto Constitucional, señalando en sus artículos 183 y 184 lo siguiente:

Artículo 183, (Competencia), “La Jurisdicción Militar solo tiene competencia para conocer de las infracciones militares previstas en las leyes sobre la materia.

Párrafo I. – La administración de justicia penal militar corresponde a los tribunales militares, creados por el Código de Justicia Militar. Dicho texto legal contiene todo lo referente a los procedimientos y organización de la jurisdicción militar, así como también al modo de articulación de la jurisdicción militar con el sistema de justicia penal nacional.

Párrafo II.- La investigación de los hechos constitutivos de crímenes, delitos y contravenciones, estarán a cargo de las instancias con funciones de policía judicial militar de las Fuerzas Armadas, organismos auxiliares de la justicia penal militar y del régimen disciplinario militar, cuyas funciones específicas y procedimientos están contenidos en el Código de Justicia Militar y en el Reglamento Militar Disciplinario”.

En lo concerniente al artículo 184 del mismo texto legal, se encuentra referido a los nombramientos y destitución de la Jurisdicción Penal Militar, es decir, hace una abstracción del articulo128 c, de la Constitución, el cual se encuentra inmerso en el cuerpo de esta redacción.

Para el año dos mil quince (2015), el Constituyente reformó el texto sustantivo, manteniendo intacta la jurisdicción penal militar y con ello, el Fuero Militar.

No cabe lugar a dudas, que ante la especialidad de las Ciencias Militares, la especialidad de la Jurisdicción Penal Militar (Fuero Militar), y en consecuencia, la especialidad de los tipos penales que por la naturaleza del ejercicio de las acciones de índole militar, se suscitan en el mundo militar, ya sea en tiempo de Paz o en tiempo de conflicto bélico, o en su defecto, durante cualquier de los Estados de Excepción señalado por la Constitución, el intento de desconocer la competencia dada por la Constitución a la Jurisdicción Penal Militar para el juzgamiento de los tipos penales contenidos en las normas que rigen la materia, haciendo acopio de la Teoría del Delito, resulta ignominioso, puesto que más que un desconocimiento de la Ley, resulta un desacato de índole Constitucional.

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